La verdad sobre la guerra sucia también se disputa en los archivos del Ejército

Los informes institucionales pueden reunir miles de documentos, testimonios y hallazgos, pero no siempre consiguen salir de los círculos especializados para llegar a la sociedad. Esa distancia fue uno de los motivos que llevaron al periodista Gerardo Antonio Martínez a escribir La eternidad de nuestros muertos. Crónicas de la Comisión de la Verdad en México, un libro que recupera episodios poco conocidos de la llamada guerra sucia y muestra las historias humanas detrás de la violencia ejercida por el Estado.

Coeditado por la Universidad Iberoamericana de Puebla y Grano de Sal, el volumen parte de la experiencia de Martínez en el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, uno de los cinco mecanismos que integraron la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990.

La decisión de recurrir a la crónica respondió a la necesidad de traducir los resultados de una investigación especializada a un lenguaje accesible, sin renunciar al rigor documental ni convertir el sufrimiento de las víctimas en espectáculo. Para Martínez, los informes de derechos humanos tienen sus propios códigos, metodologías y circuitos de validación, pero sus hallazgos necesitaban alcanzar a lectores que no necesariamente están familiarizados con esa materia.

A ello se sumaba la relevancia de los casos documentados. Mientras los informes parciales y finales se hacían públicos, la atención de la agenda nacional estaba concentrada en los procesos electorales y otros asuntos políticos. El periodista consideró necesario contar desde otra perspectiva los avances de una comisión que permitió conocer episodios ilustrativos de la violencia estatal y, al mismo tiempo, mostrar cómo funcionan desde dentro estos ejercicios excepcionales en los que el propio Estado investiga y documenta sus responsabilidades.

La crónica ofrecía, además, posibilidades narrativas para acercarse a las personas involucradas sin revictimizarlas ni idealizarlas. En el libro aparecen víctimas, guerrilleros, funcionarios y militares como sujetos atravesados por contradicciones y decisiones, sin que comprender sus circunstancias signifique justificar sus actos.

“Entender las situaciones, los motivos, las escalas de valores que los llevaron a tomar ciertas decisiones no implica necesariamente justificarlas”, explica Martínez. Su intención fue evitar tanto la construcción de un santoral de víctimas como la simplificación de los personajes, y reconocer la dimensión humana de quienes protagonizan estas historias.

Archivos que todavía guardan silencios

Uno de los ejes del libro es la investigación documental. El trabajo del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico se concentró, entre otras fuentes, en el fondo de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), resguardado en el Archivo General de la Nación (AGN). Aunque llevaba más de dos décadas abierto a consulta, todavía contenía expedientes y materiales poco explorados.

La diferencia, explica Martínez, fue que el equipo de la Comisión tuvo acceso a catálogos e instrumentos de consulta que permitieron localizar documentos que otros investigadores no habían podido identificar. Ese acceso abrió nuevas rutas para reconstruir hechos y acercarse a personas cuyos casos no habían sido reconocidos ni atendidos por el Estado.

La investigación también recurrió a archivos estatales, fondos particulares, documentos de colectivos de víctimas, hemerotecas y archivos periodísticos. A estas fuentes se sumaron los testimonios: el informe del mecanismo cuenta con el respaldo de más de mil declaraciones, muchas de ellas recogidas por primera vez por una instancia del propio Estado.

Para el periodista, estos testimonios constituyen un legado fundamental. Algunas de las personas que vivieron aquellos hechos fallecieron durante el tiempo transcurrido entre las violaciones y el acercamiento institucional; sin embargo, sus voces quedaron registradas y hoy representan fuentes indispensables para comprender la violencia de aquella época.

El trabajo también permitió reconocer a personas que no se identificaban como víctimas, pese a que sus vidas habían sido afectadas por la violencia estatal. A diferencia de los colectivos históricos, que durante décadas organizaron movilizaciones y exigieron respuestas, existía un universo de personas y familias que habían continuado con sus vidas sin que sus casos fueran reconocidos públicamente y sin posibilidades de acceder a una eventual reparación.

Sin embargo, el acceso a los archivos estuvo lejos de ser sencillo. Martínez señala que la Comisión logró realizar, por primera vez, exploraciones especializadas en instalaciones militares donde existían indicios de violaciones a derechos humanos. También hubo una apertura inicial para consultar expedientes en depósitos del Ejército, aunque el equipo detectó irregularidades: documentos que habían identificado previamente aparecían modificados o incompletos cuando eran solicitados en las salas de consulta.

Otro pendiente fue la transferencia documental que debía realizar la Secretaría de la Defensa Nacional al Archivo General de la Nación. De acuerdo con Martínez, todavía existe documentación relacionada con violaciones a derechos humanos durante la guerra sucia que no ha sido transferida, pese a que desde el sexenio de Vicente Fox se había ordenado entregar esos materiales.

En las etapas finales del mecanismo, el AGN solicitó un inventario de expedientes que podrían ser de interés público. El documento fue entregado a finales de 2024 y representa un paso para que la institución pueda gestionar la inspección de los depósitos militares y, eventualmente, solicitar la transferencia de archivos para su consulta pública.

La violencia del pasado y sus mecanismos de persistencia

La investigación no se limita a reconstruir hechos ocurridos entre 1965 y 1990. Uno de los apartados del informe Fue el Estado, elaborado por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, aborda los llamados factores de persistencia: prácticas, estrategias y mecanismos que facilitaron violaciones graves a derechos humanos en el pasado y que, con transformaciones, continúan presentes.

Martínez menciona como ejemplo los circuitos de detención y desaparición, un concepto que permite analizar la continuidad de ciertas dinámicas en contextos actuales. Aunque las formas de operación y los actores pueden cambiar, la investigación identifica la permanencia de mecanismos que posibilitan la desaparición y distintos grados de participación de autoridades estatales.

La inclusión de este capítulo y el de recomendaciones, explica, enfrentó resistencias dentro de instancias gubernamentales. Según relata, hubo funcionarios que no estaban dispuestos a aceptar esos apartados e incluso cuestionaron que fueran elaborados. Para el periodista, ese episodio muestra que la disputa por la verdad no termina con la publicación de un informe: el silenciamiento y la falta de reconocimiento también pueden convertirse en formas de revictimización.

En ese sentido, el libro establece conexiones entre las violaciones documentadas por la Comisión y las crisis actuales de desaparición y búsqueda de justicia. No se trata de equiparar automáticamente épocas distintas, sino de identificar qué prácticas sobrevivieron y cómo las estructuras institucionales pueden seguir dificultando el esclarecimiento de los hechos.

La verdad documentada no significa justicia cumplida

Para Martínez, uno de los límites de estos procesos es que el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos no necesariamente se traduce en sanciones. La posibilidad de que probables responsables sean presentados ante la justicia sigue siendo una deuda del Estado, pese a que existen documentos, testimonios y resoluciones judiciales que han señalado información disponible desde hace décadas.

También advierte que las necesidades de las víctimas cambian con el tiempo. Algunas personas que durante años exigieron justicia se encuentran ahora en otra etapa de vida y demandan garantías para tener una vejez digna. Esto no cancela la responsabilidad de investigar y sancionar, pero obliga a reconocer la diversidad de pendientes que existen en materia de reparación.

Aun con esas limitaciones, el periodista considera que los informes de la Comisión constituyen un patrimonio de memoria pública que pertenece a la sociedad mexicana. Su valor también dependerá del uso que otras instituciones hagan de los documentos y testimonios reunidos. Como ejemplo, menciona que un amparo otorgado a la familia de Rosendo Radilla en agosto de 2024 retomó informes parciales del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.

El libro también recupera una pregunta que atraviesa todo el proceso: qué ocurre cuando el Estado reconoce, aunque sea parcialmente, la violencia que ejerció sobre su propia población, pero no consigue llevar ese reconocimiento hasta la justicia y la reparación.

Para Martínez, el esfuerzo de la Comisión sí tuvo sentido, aunque los resultados sean lentos y permanezcan asuntos sin resolver. Los informes, sostiene, son documentos abiertos a la sociedad, en los que quedó registrado el dolor de quienes durante décadas buscaron respuestas. La eternidad de nuestros muertos busca que esas historias no permanezcan confinadas a los archivos ni a los círculos especializados, sino que formen parte de una conversación pública sobre la memoria, la responsabilidad del Estado y las deudas que siguen pendientes.

Foto: Especial.